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En Detectives Privados Madrid Indicios, vamos hablar sobre la jurisprudencia que se ha creado a raíz de la sentencia sobre las grabaciones sin comunicación a los empleados. Antes de esta decisión judicial, en todas las empresas que querían grabar a sus trabajadores, debían comunicárselo y además añadir el fin de esa decisión.

Cámaras vigilando a empleados y el fin de esta decisión.

En esa misma ley, se decidía que los empleados, no solo se les debían comunicar este hecho, sino que exigía que esa información debía ser, por parte de la empresa “expresa, precisa, previa, clara e inequívoca“.

Con todo esto, también el empresario debía aclarar cuál era el fin de la decisión de instalar un circuito cerrado de cámaras de video vigilancia. Es decir, que si se quería poner estos dispositivos, debía de haber alguna razón de peso; no solo para la seguridad del recinto, sino para vigilar a los trabajadores en caso, de una sospecha de pérdidas de materiales, productos…

Al poner en constancia la finalidad, muchos empresarios habían remarcado que ponían en peligro la investigación llevada a curso, ya que el trabajador que fuese el responsable de lo que estaba sucediendo, dejaba de efectuar ese daño o hurto y no se podía recoger prueba alguna de lo sucedido.

Pero ahora el Tribunal Constitucional, ha rectificado y cambiado la jurisprudencia. El caso que ha llevado a esta conclusión a los magistrados, ha sido el de una trabajadora que fue despedida al poder demostrar por medio de las cámaras de vigilancia, como robaba dinero de la caja.

Con esta sentencia el Tribunal Constitucional, establece que los empleados deberán ser informados de la existencia de las cámaras, por medio de los carteles informativos que se pongan en las instalaciones, dando como consentimiento e información previa solo los carteles que se fijen.

Ya no se requiere una carta explicativa o un documento donde expliquen el porqué de la instalación de las cámaras en ciertas zonas donde los trabajadores, desarrollan sus actividades o donde pueden hacer sus descansos…

Eso sí, las cámaras no se podrán poner ni instalar en zonas privadas como lavabos, vestuarios, duchas…

Con esto, el empresario o el empleador ya no tiene la obligación, sujeta a Ley, de explicar el cometido de las cámaras; ni la medida ni el tratamiento. Para dar una seguridad mayor, deberán, eso sí estar bajo la vigencia de la Ley de Protección de Datos.

Grabaciones sin comunicación a los empleados.Jurisprudencia

Grabaciones sin comunicación a los empleados.Jurisprudencia

Esto hará la vez, de responder ante los empleados que quieran denunciar que se han vulnerado sus derechos fundamentales como la intimidad, el honor, la imagen…Con la protección de datos, las grabaciones quedaran supervisadas ante la ley, garantizándoles que no habrá difusión de sus imagen solo en caso, que se tengan que ir a juicio.

Estas grabaciones estarán bajo la protección de la agencia de LOPD, lo que hace que no exista la posibilidad de ser difundidas para otro medio que no sea el judicial. Amparándose en esto, la empresa quedara cubierta sobre la responsabilidad sobre dichas imágenes.

Control sin aviso o trabajadores más vigilados.

Dentro de la resolución asumida por el Tribunal Constitucional, ha habido magistrados que no han estado conformes ante esta decisión, la cual no se deberá informar a partir de ahora, a los empleados de la existencia de las videocámaras y de su finalidad.

Tres de los magistrados no han visto con buenos ojos, que solo se proteja el derecho fundamental de la protección de los datos personales solo con una comunicación genérica. Aunque la resolución de esta nueva jurisprudencia, aclara que se deberá ver cada caso, independientemente. Así, se podrá saber si el empresario ha respetado la ley o puede que se haya extralimitado en sus obligaciones y deberes.

La medida que asuma el empresario deberá ser necesaria, justificadas e idónea para su finalidad. Estos tres puntos son los más importantes de la sentencia que ha sido rectificada. Son los mismos que los que nos rigen a los detectives privados, en cuanto a nuestras investigaciones y la posteriores grabaciones.

Ahora el empresario podrá vigilar y controlar a los trabajadores, pero siempre tendrán que tener como fin una justificación plausible como por ejemplo, la supervisión. En caso que se instale una cámara cerca de un puesto de trabajo, su objetivo deberá ser claro; aunque no se le informe al empleado.

Con esto, el empleador deberá tener presente que aunque no necesite dar la información necesaria a sus trabajadores, sobre si va a colocar un sistema de circuito cerrado con dispositivos de grabaciones, tendrá que tener un fin concreto y que sea ajustable al cumplimiento del contrato.

Es decir, deberá ser el uso de las cámaras para la situación laboral y el cumplimiento de las funciones del trabajador; en ningún momento se deberá usar estas cámaras para espiar a los empleados.Solo servirán como control y verificación de las funciones, por las que en su día se contrato a esa personas para ese determinado puesto de trabajo.

Con el cartel informativo, queda suficientemente claro, que el empleado ha sido informado de la existencia de cámaras. No solo al personal sino a los usuarios que utilicen ciertas partes del recinto empresarial.

El caso por el que se ha asumido esta resolución, ha quedado justificado el despido de la trabajadora, que robaba en la caja.

Por mucho que ella y su abogado, alegasen daños a los derechos fundamentales de su persona; la sala ha dictaminado que estaba advertida con el cartel informativo, donde se señalaba la existencia de dichos dispositivos y la empresa había respetado la ley, teniendo en cuenta que su finalidad para grabar era saber si se cumplía las funciones laborales que se habían firmado en el contrato laboral.

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